El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Tomás Blanco, reclamó este jueves una solución para los propietarios de viviendas de protección oficial que han visto cómo el PP en el Gobierno y la Junta «le han denegado la renovación de las subvenciones que tenían concedidas para financiar sus créditos» y cuya cantidad podía oscilar entre «1.000 y algo más de 3.000 euros anuales». Se da la circunstancia, explicó Blanco, que esos ciudadanos están pagando tipos de interés superiores a los de los hipotecados que hayan comprado viviendas libres en los años inmediatamente anteriores a la crisis (2007, 2008 o 2000), de en torno a un 3% frente a un 1,5%, manifestó, con lo que la supresión de esas ayudas decidida por el Gobierno de Rajoy ha acabado con la compensación que venían percibiendo por la diferencia de esos tipos de interés entre el mercado libre y la regulación de la vivienda de protección.
El socialista califica esta situación de «inmoral» e «inadmisible» y pide a la Junta que se mantenga la subvención o que se exija o negocie con los bancos que apliquen a la vivienda protegida el tipo de interés del mercado libre. En caso contrario le reclama a la Junta y también a la Diputación que pongan fondos para poder paliar las situaciones que puedan derivarse de un posible impago de la hipoteca, teniendo en cuenta, dice, que los afectados «son las familias con menos rentas». El objetivo, subrayó, es «evitar los desahucios en viviendas de protección oficial», dijo Blanco, quien cifró en unas mil las personas de la provincia que puedan estar en esta situación.
El portavoz del PSOE en la Diputación detalló que el Gobierno decidió en 2012 finalizar, a través de un decreto que ratificó la Junta, las ayudas que debían renovarse cada cinco años para demostrar que seguías teniendo derecho a ellas, algo que el Procurador del Común dijo que no se podía hacer porque «un decreto ley no podía ser superior a una ley». La Junta, añadió, «anunció que las renovaciones ya realizadas se iban a abonar, pero no lo ha hecho, mientras que en 2013 sacó una norma con rango de ley para que aquellas renovaciones que se tuvieran que hacer desde entonces no pudieran acogerse a esa escapatoria legal». De esta manera, Blanco también reclama al gobierno regional que se abonen las subvenciones pendientes.
El socialista califica esta situación de «inmoral» e «inadmisible» y pide a la Junta que se mantenga la subvención o que se exija o negocie con los bancos que apliquen a la vivienda protegida el tipo de interés del mercado libre. En caso contrario le reclama a la Junta y también a la Diputación que pongan fondos para poder paliar las situaciones que puedan derivarse de un posible impago de la hipoteca, teniendo en cuenta, dice, que los afectados «son las familias con menos rentas». El objetivo, subrayó, es «evitar los desahucios en viviendas de protección oficial», dijo Blanco, quien cifró en unas mil las personas de la provincia que puedan estar en esta situación.
El portavoz del PSOE en la Diputación detalló que el Gobierno decidió en 2012 finalizar, a través de un decreto que ratificó la Junta, las ayudas que debían renovarse cada cinco años para demostrar que seguías teniendo derecho a ellas, algo que el Procurador del Común dijo que no se podía hacer porque «un decreto ley no podía ser superior a una ley». La Junta, añadió, «anunció que las renovaciones ya realizadas se iban a abonar, pero no lo ha hecho, mientras que en 2013 sacó una norma con rango de ley para que aquellas renovaciones que se tuvieran que hacer desde entonces no pudieran acogerse a esa escapatoria legal». De esta manera, Blanco también reclama al gobierno regional que se abonen las subvenciones pendientes.
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