El diputado del PSOE respalda la jornada de huelga y las movilizaciones convocadas este jueves en el sistema educativo
El diputado del PSOE por Ávila, Pedro José Muñoz, ha alertado de las “negativas consecuencias” que tendrá en esta provincia la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) puesto que “se olvida de las singularidades propias de territorios eminentemente rurales, como el abulense”.
En este sentido, el parlamentario socialista considera que “lejos de facilitar el asentamiento de la población en el medio rural, la desigualdad de oportunidades y el deterioro de  la calidad de la educación pública que conlleva la denominada Ley Wert, contribuirá a la despoblación de nuestros municipios, que se juegan su futuro con esta ley porque el Gobierno de Rajoy no ha tenido en cuenta ni su realidad ni sus necesidades”.
Tras expresar su apoyo a la jornada de huelga y las movilizaciones convocadas este jueves en el sistema educativo, Pedro José Muñoz ha criticado el apoyo de los parlamentarios nacionales del PP de Ávila a una ley que constituye “el colofón a la nefasta política educativa de un Gobierno que se ha propuesto acabar con el sistema público educativo”.
Al respecto, Muñoz ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy, en apenas dos años, ha reducido el presupuesto de Educación en 5.200 millones de euros, lo que se ha traducido en 30.000 profesores menos en la enseñanza pública y un 14 por ciento menos de presupuesto en becas.
El diputado del PSOE también ha puesto de manifiesto el “carácter conservador y regresivo para la educación pública” de la ley, a la vez que ha reprochado al Gobierno que en su diseño haya renunciado a la elaboración de “un diagnóstico riguroso, compartido y coherente con las necesidades y objetivos educativos para los próximos años”.
Junto a ello, según Muñoz, “no puede olvidarse que la LOMCE ha sido aprobada “sin el más mínimo acuerdo y con el máximo consenso en contra”, toda vez que ha contado con la reprobación de la comunidad educativa al completo, de las asociaciones y confederaciones de padres y alumnos y de las fuerzas políticas de la oposición, que han pactado su derogación a comienzo de la próxima legislatura, cuando el PP pierda su mayoría absoluta.